La clase política que ha dirigido al país por los últimos 30 años y la cual ha implementado el sistema capitalista neoliberal criollo, debe comprender que se acabó el tiempo, o entierran el modelo o nos enterramos entre chilenos. Es una cuestión de dignidad y la ciudadanía ha dicho basta. Por lo tanto, debemos comenzar la tarea de cambiar leyes y decretos de inmediato: es lo que la sociedad civil y nacional exige.
Por Juan Pablo Vigneaux Bravo
Publicado el 28.11.2019
En un plazo menor a un mes Chile tendrá dos fechas históricas, el 18/10 que marca el inicio de la revolución ciudadana contra el orden o modelo político de desarrollo país definido en la Constitución de 1980 de Pinochet, y el 15/11 en que se acuerda por el Ejecutivo y Legislativo el inicio de un proceso para una Nueva Constitución, comprometiendo a ambos poderes, sea este el resultado de acuerdos ciudadanos a partir de una página en blanco, lo que significa que si en el debate en cualquiera de sus artículos de cada Capítulo no hay acuerdos de los 2/3 no regirá lo que se define en la actual Constitución, y será materia que quedará pendiente para una solución legislativa republicana posterior. No obstante no temamos, confiemos que en materias principales serán todos los requerimientos ciudadanos incluidos con la mayoría del 2/3 o más. Tenemos otra de modelo, la ingresada en los últimos días de gobierno de la ex Presidenta Bachelet al Congreso en 2018, que recogía el trabajo de los cabildos ciudadanos. Se ha iniciado el proceso de una nueva República, verdaderamente democrática, y Chile tiene un gran motivo para celebrar.
18/10 – 15/11, todo un mes histórico de manifestaciones del pueblo en toda su pluralidad y territorio nacional pidiendo una nueva Constitución mediante Asamblea Constituyente, ya sin confianza en los poderes del Estado para que ésta sea resultado de un Congreso y se “cocine” en acuerdos políticos. Sostenemos que la violencia ha sido la explosión de la injusticia y de la desigualdad, la consecuencia de una violencia del mundo político sobre la ciudadanía, sobre sus derechos humanos, no de una planificación organizada por un sector político.
Pero no olvidaremos la obstinación del Gobierno de turno, y de representantes de ex gobiernos desde 1990, en la defensa de un orden institucional (sin reconocer la crisis de este orden, la nula confianza ciudadana en ésta), y de los fantásticos logros en el desarrollo socioeconómico y la “democracia” que el país ha logrado con la Constitución de 1980, ya no de Pinochet sino de Lagos desde el 2005 (sordos y ciegos ante la inequidad e injusticia social y de diversos testimonios en las manifestaciones ciudadanas). Sólo se hablaba o admitía una necesidad de reformas, y sordo al clamor de ciudadanos se castigaba y reprimía al pueblo en las calles con una violencia policial que vulneraba los tratados de Derechos Humanos y que, sostenemos, generó la violencia y la destrucción del bien común y de la propiedad privada que pudo evitarse.
Pérdidas económicas enormes pero nada comparable con las pérdidas de vidas de ciudadanos, las pérdidas de sus ojos de muchos como nunca en ninguna parte del mundo, y detenciones, torturas y abuso de violencia contra detenidos, muchos menores de edad. Hasta la noche del 13/11 el sistema de estadísticas del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) basado en las observaciones directamente realizadas por sus funcionarios en centros de salud, comisarías y manifestaciones, registraba 319 acciones judiciales presentadas en favor de 472 víctimas; 2 mil 209 personas heridas, de ellas 209 presentan traumas oculares y 6 mil 46 personas detenidas. Todos nosotros les debemos apoyo en todas las dimensiones humanas y económicas a ellos y a sus familias. (INDH, Noticias Nacionales, 14/11)
La lamentable demora de este Gobierno de turno para que lleguemos a este acuerdo político del 15/11, tan necesario para la paz social, se nos aclara con la misiva presentada el 14/11 al Presidente Piñera por más de dos mil dirigentes de la ex-Concertación objetando el acuerdo opositor del martes 12/11 que pedía convocar la Asamblea Constituyente. Emplazaban también a la DC, PPD, PR y PS a reconsiderar su participación en ese acuerdo y declaración. En su inicio señalaban: “Treinta años atrás, nosotros votamos no más dictadura y luego dedicamos nuestro esfuerzo privado y público a asegurar la democracia representativa, trabajando dentro de las reglas para ir mejorándola”, y señalaban que: “hoy vemos consternados (cómo) los logros de décadas de progreso y garantías de los derechos de las personas en Chile, duramente ganados, se ponen en riesgo, donde partidos políticos de oposición al actual Gobierno han declarado que se puede correr el cerco de lo posible, de lo que está permitido. Nos dicen que por la vía de los hechos se ha iniciado el proceso constituyente”. Y añadían: “En democracia las reglas obligan. El ejercicio del derecho de opinar, de reunirse y manifestarse, por más o menos multitudinario que sea, no constituye una decisión democrática. La democracia se expresa en votos, libres, secretos e informados. Con padrones electorales ciertos, en las oportunidades y con los fines previstos. Después de haberla perdido en 1973, no estamos dispuestos a arriesgarlo nuevamente”.
Más adelante, los firmantes señalaban que las movilizaciones populares: “no son el camino de la conducción del país”. “Para eso está la ley. La fuerza de dos millones de personas que marchan nada nos dice sobre la fuerza y los que piensan otros 15 millones que en el ejercicio de su libertad, no lo creen. Nadie puede arrogarse el conocimiento ni la representación de los chilenos” /( El Mercurio, 14/11, C3). Sostenemos que esta misiva es vergonzosa, y hoy muy impresentable, ¿de qué democracia para el pueblo de Chile hablan? ¿Cómo pueden no pensar ya el 14/11 que lo que se ha construido en Chile ha sido sobre todo desigualdad, y los beneficios que rayan en lo escandaloso para una élite política y económica?, ¿es posible considerar que hemos tenido un real progreso en Chile con las cifras de exclusión social en salud, educación, transporte, movilidad, vivienda, etcétera, con un salario mínimo y pensiones absolutamente insuficientes mantenido por décadas?, ¿es posible considerar democrático el trato, inclusión y derechos de los pueblos originario?, ¿no se han tratado de manifestaciones representativas de una mayoría absoluta de chilenos, acaso?, ¿no ha sido una revolución ciudadana de apoyo masivo, entonces?
En cuanto al valor democrático de la Carta Fundamental que hoy rige reiteramos lo señalado en otra columna (Cine y Literatura, 29/10): “En Chile no hay un Estado ‘social’ y democrático de derecho, sino un Estado ‘liberal’ o ‘neoliberal’ o ‘subsidiado’ de Derecho” (cita de carta abierta al Presidente de la República Sebastián Piñera por parte del juez español Baltasar Garzón / El Mundo, 23/10/2019. Y aún hoy estos más de dos mil funcionarios de ex – gobiernos no son capaces de reconocerlo, como tampoco el Gobierno de turno y la coalición política de la derecha en su mayoría. Y nos lo dice a la cara de todos los chilenos tras el acuerdo firmado por la presidenta de la UDI: “esta (la que tenemos) es la Constitución de 2005, está firmada por Ricardo Lagos”. (Emol, 16/11)
Lamentablemente con esta misiva sólo han acrecentado la nula confianza en los políticos por parte de la ciudadanía, y en todos los poderes del Estado, y que hemos expuesto en la columna ya señalada en párrafo anterior. En cuanto a las reformas en “democracia” que ha tenido la Constitución Política (CP) de Pinochet– rechazada públicamente por la oposición, la legitimidad de su respaldo ciudadano en 1980, y que hoy para ellos es legítima y democrática-, es preciso tomar conciencia de lo que significa lo dicho por Carlos Cáceres, último ex ministro del Interior del Gobierno Militar, al señalar en una reciente entrevista que: “lo más importante de la Constitución de 1980 es lo que no se ha modificado”. (El Mercurio 28/07/2019)
Sin duda no se extraña la ciudadanía de la postura del senador Andrés Allamand del miércoles 20 en el Congreso declarando su voluntad por mantener la actual Constitución Política, y la posibilidad de la derecha de bloquear una nueva Constitución mediante el quórum de 2/3. Por algo se tiene nula confianza en ellos.
Entonces, en este Chile que se ha revolucionado en contra del modelo de desarrollo de capitalismo neoliberal que tuvimos hasta hoy (sustentado en la Constitución de 1980), y existiendo este rechazo o nula confianza en los políticos que hoy manifiesta la ciudadanía, y en el Presidente de turno que además representa a los miembros de la élite del poder económico -que se ha comportado en estas tres décadas sin ninguna sensibilidad social-, y que ha declarado estar el país en guerra y transmitiendo una preocupación principal por el orden y la seguridad pública contratando a cuatro connotados abogados penalistas del sector privado (El Mercurio, 14/11), y anunciando penas de cárcel en contra de los manifestantes (en un escenario que, convengamos, la revolución social del 18/10 no ha estado exenta de violencia y de saqueos, y no sin participación de reales bandidos), y al que se le culpa de responsabilidades políticas en los casos de Derechos Humanos vulnerados que han ingresado al Poder Judicial, y ya presentada la acusación Constitucional en su contra en el Congreso, cabe hacernos la pregunta: ¿Cómo podrá el Presidente Piñera cumplir con su programa de gobierno en lo que queda de su período presidencial?
Obviamente que no podrá, ha quedado sin programa su gobierno, eso lo debe entender el mundo político, por eso se le pide que dimita. ¿Y qué opción tenemos para que Chile no quede en una situación de gobernanza y desarrollo tan compleja? Creemos hay una, pero implica grandeza de todas las partes.
Sin duda lo primero sería pedir perdón al pueblo de Chile representando a todos los gobiernos de estos 30 años de “democracia” por la inequidad e injusticia social que se les ha causado con el modelo neoliberal Chilensis, no sólo por este mes de explosión o Revolución social y a las familias de quienes han muerto y a todos a quienes se ha dañado en su salud y derechos humanos, indemnizar y sanar (lo que implica años). La política de desarrollo del país ha provocado violencia social y la violación a derechos humanos ya por décadas, también muertes; lo segundo sería cambiar al menos a los ministros y subsecretarios que tienen un gran rechazo ciudadano, y obviamente, cambiar el programa político de su gobierno basado en políticas públicas o nacionales que han nacido de comisiones presidenciales, o de una élite (política y económica), y que han provocado, sostenemos, una inmensa desigualdad social y la minimización de las garantías de derechos que en países desarrollados proporciona el Estado a sus ciudadanos. Esto significa no seguir adelante con la tramitación de los actuales proyectos leyes hoy en el Congreso en materias de educación, salud, vivienda, etcétera (por ejemplo, los proyectos leyes del Minvu hoy en trámite que nacen de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que consolida en modelo de desarrollo neoliberal, el cual ha beneficiado al mercado y a la financiarización del suelo urbano provocando el aumento del valor de la vivienda y la exclusión social urbana incluso de la clase media, no la inclusión).
Esto es muy necesario hacerlo a partir de hoy, para que haya concordancia con el modelo de desarrollo que requiere modificaciones de fondo a la actual Carta Fundamental, en concordancia con los principios democráticos y el rol del Estado que se reclama; y la tercera medida, consecuente con las ya señaladas, es reconstruir las confianzas constituyendo un equipo asesor presidencial bicameral y pluripartidista -tenemos hoy el exitoso ejemplo del consenso para firmar este acuerdo del 15/11-, y con académicos o ciudadanos no partidistas políticos, para sacar adelante reformas inmediatas o proyectos leyes y así dar respuestas lo más inmediato posible a las peticiones sociales que han quedado expuestas en las manifestaciones y que no pueden esperar. No basta hoy para el modelo de desarrollo y Estado que se reclama el anuncio de subir el sueldo mínimo y los montos anunciados en materia laboral, o la baja de sueldos de parlamentarios y de funcionarios del sector público. Es una reforma mayor y estructurada la que se requiere vistos informes e investigaciones como los de la Fundación Sol.
Sin duda se debe escuchar lo que pide la ciudadanía en materias de pensiones, No+ AFP. Obviamente se reclama por un modelo solidario y no que sean sus fondos materia para altas rentabilidades económicas de privados de una élite. Lo que hoy se anuncia de sólo incluir en el actual presupuesto nacional de 2020 un reajuste del 50% en las pensiones básicas de los mayores de 80 años es absolutamente insuficiente, y ya se percibe como una burla: no frenará la indignación ciudadana. Se requieren reformas para una educación pública de calidad, para una salud pública de calidad, para construir viviendas subsidiadas, también reformas en lo que se refiere al derecho de movilidad y transporte (en cuanto a la inversión pública y captación de recursos públicos, TAG y contratos de concesiones en general, etcétera); un urgente nuevo Código de Aguas (la actual propiedad del agua más la sequía que sufre el país afectan brutalmente a una ciudadanía rural y a los pueblos originarios); y reformas en otras muchas áreas: agricultura, forestal, minería, pesca (materias que se han legislado sin probidad política, en beneficio de una élite y el capital, y que, además, no han contemplado los derechos territoriales de pueblos originarios “expropiados” por Decreto(s) en el gobierno militar, etcétera). Si todo esto ocurriera -que creemos recoge lo que se dice y piensa por las redes sociales-, probablemente podríamos recuperar la confianza de la ciudadanía en que realmente se les ha escuchado y que son y serán parte de una República que les otorga derechos, dignidad, y en la cual todos participamos del desarrollo.
Si a esto se sumara un mayor endeudamiento soberano como Estado (que es posible considerando la baja deuda fiscal de la nación) para dar respuesta inmediata a las demandas sociales que requieren de presupuesto como lo han propuesto connotados economistas (El Mercurio, 26/11), y a que podría sumarse el empresariado que nada ha propuesto y que tiene gran responsabilidad en la crisis actual. En efecto, la Sofofa tiene una enorme responsabilidad ética-política, y es impresentable que no se hayan sumado a una solución de crisis social mediante, por ejemplo, la propuesta de “predistribución de capital” como se ha indicado por parte de Jeanette von Wolfersdorff (El Mercurio, 24/11), lo que consiste en que el 1% más rico (con el 33% de la riqueza económica del país) se desprenda de parte importante de su riqueza acumulada en estos 30 años -y no sin existir serios casos de colusiones, uso de información privilegiada, lobby y corrupción en el Legislativo, etcétera- y la pusiera al servicio del desarrollo país, a favor de la ciudadanía.
Esto por Chile y una mayor justicia social, entendiendo que es un imperativo para la paz social. Tiene una inmensa oportunidad el Presidente Piñera de dar el ejemplo. Nadie necesita miles de millones de dólares para tener una vida con calidad, incluso para tener acceso a todos los lujos se necesita mucho menos. Y esto ya lo han entendido hace años muchos miembros de la plutocracia, obviamente de otros países, de países desarrollados, como Nick Hanauer, y que lo expone en sus charlas: «El oscuro secreto del capitalismo…una nueva solución», y “Cuidado compañeros plutócratas, vienen las horcas».
El modelo de desarrollo de un país se sustenta en la Constitución Política y en leyes y en sus decretos, y ha quedado muy claro que una inmensa mayoría de la ciudadanía no quiere más el Estado subsidiario y el modelo Chilensis de capitalismo neoliberal que se ha limitado principalmente a privatizar todo y a facilitar mediante el corpus legal altas rentabilidades del capital de inversión privado como el principal factor de desarrollo, provocando la inmensa inequidad socioeconómica y territorial que explotó en octubre de 2019. Las manifestaciones post acuerdo del 15/11 responden a las respuestas recibidas desde el Gobierno y de representantes políticos de ex gobiernos, ciegas y sordas a la magnitud de cambios y de reformas que reclama el movimiento social, y a los plazos ya inmediatos que se necesitan para realizarlos.
Debe la clase política que ha dirigido al país por 30 años e implementado el sistema capitalista neoliberal criollo comprender que se acabó el tiempo, o entierran el modelo o nos enterramos entre chilenos. Es una cuestión de dignidad, y la ciudadanía ha dicho basta. Por tanto, debemos comenzar la tarea de cambiar leyes y decretos de inmediato: es lo que la ciudadanía exige. Lo que ocurre hoy en Chile es una Revolución Social muy seria y profunda, y no basta para la paz comunitaria el haber acordado pluripartidistamente el que tendremos una nueva y democrática Constitución Política el año 2022 y resultado del trabajo de una Asamblea (Convención) Constitucional elegida por la ciudadanía.
No obstante, una vez más vemos como los políticos -los que carecen por parte de la ciudadanía de una legitimidad institucional y no tienen sus confianzas- ponen trabas en el proceso para constituir una Asamblea Constituyente verdaderamente representativa y ciudadana velando por sus “cuotas” políticas partidistas (El Mercurio, 27/11), y además, se entera el pueblo de los vínculos con el poder político y empresarial de los miembros de la comisión técnica constituyente.(Ciper, 27/11) ¿Cómo quieren los políticos que Chile tenga paz social?
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Juan Pablo Vigneaux Bravo es arquitecto y asesor externo de la Cámara de Diputados de la República.
Juan Pablo Vigneaux Bravo
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