La violencia censuradora en contra de la prensa independiente tiene una larga data en la historia de la República, pese a ser esta última condición, un derecho o garantía fundamental otorgada y protegida por el ordenamiento jurídico nacional. En esta entretenida y apasionante crónica se relata la destrucción y el incendio de una tirada íntegra de la ya desaparecida revista de sátira política «Topaze», a causa de una orden directa del ex Presidente Arturo Alessandri Palma, y en una acción ilegal ejecutada por su brazo de persecución operativo: la antigua policía de Investigaciones, a comienzos de 1938, y hace justo ocho décadas atrás.

Por Felipe Portales Cifuentes

Publicado el 4.3.2018

Una de las más graves y flagrantes violaciones del derecho a la libre expresión –y de la propia Constitución- efectuada por el segundo gobierno de Alessandri, fue el secuestro y quema de una edición completa de la revista satírica Topaze.

Todo comenzó a raíz de la inminente presentación de Carlos Ibáñez –acérrimo enemigo de El León– a la presidencia de la República, a fines de 1937. Primero, Alessandri expulsó de las filas del Ejército –sin expresión de causa- al coronel Tobías Barros Ortiz, estrechamente vinculado a Ibáñez. Luego, el 30 de diciembre, pronunció un duro discurso de ataque a Ibáñez en la Escuela de Aviación; donde especialmente cuestionó el sufrimiento inferido a su esposa enferma, bajo su dictadura, al haber sido encarcelada de madrugada junto a varios de sus hijos; lo cual habría apresurado su muerte.

A su vez, Ibáñez le respondió con otro duro discurso en que señaló que “no es mi ánimo (…) hacerme cargo (…) de los gastados recursos que el señor Alessandri usa para procurar herirme (…) ni menos podría aún, para defenderme, rebatir al Presidente en sus referencias a las causas de la muerte de la digna madre de sus hijos (…) alusiones que, por la frecuencia con que se repiten, parecen responder a un imperioso afán de justificación de la conciencia” (La Hora; 5-1-1938). Como lo señala Gonzalo Vial, “era obvio que el general se refería, cruel y soterradamente, a las infidelidades maritales de don Arturo” (Historia de Chile (1891-1973) De la República Socialista al Frente Popular (1931-1938), Volumen V; Edit. Zig-Zag, 2001; p. 490).

Alessandri no respondió nada. Entonces el episodio generó una aguda sátira de Topaze titulada “Se chupó”; en que Ibáñez aparecía en la caricatura de domador circense, empuñando un látigo, y poniendo la planta de su pie sobre un león manso y echado. Con tal modelo, el general Enrique Bravo -fervoroso alessandrista, expulsado del Ejército y luego exiliado por Ibáñez-, ataviado de pintor, trazaba en su tela de artista la figura de un león muy distinto: rugiente y feroz, que había devorado al domador, dejando afuera apenas una bota. Ante ello, el “profesor Topaze” (figura central de la revista) le señalaba a Bravo: “¿Sabe mi general, que no es tan bravo el león como lo pintan?” (Vial; ibid; p. 491).

Ante ello, Alessandri requirió del fiscal de la Corte de Apelaciones que entablara una acusación contra la revista y ordenó a agentes de Investigaciones que incautaran la edición, lo que se hizo antes de obtener la orden judicial para tal efecto de parte del ministro Miguel Aylwin. Este último decretó, a fines de enero, “el embargo de materiales y muebles de la imprenta y litografía en que se imprime” (La Opinión; 27-1-1938); y a comienzos de febrero condenó a su director, Jorge Délano, por intento de desacato a la persona del presidente Alessandri a una multa de 500 pesos a beneficio municipal, la pérdida o comiso de la edición requisada y el pago de las costas del proceso. La justificación de la condena era que la caricatura del león y su domador “delata la intención mortificante de exhibir al Presidente de la República humillado por un adversario político; intención que si no fuera entendible en el dibujo –y lo es mucho- se exteriorizaría y comprobaría con la afirmación insistente del inculpado de que en la caricatura no está representado el Presidente” (La Opinión; 8-2-1938).

El mismo febrero (24) la Corte de Apelaciones absolvió a Délano y ordenó devolver los ejemplares requisados ya que no consideró delito la caricatura de Alessandri. Los ejemplares fueron devueltos a Délano el mismo día; pero en la madrugada siguiente fue asaltada la sede de la revista, sufriendo el robo de toda la edición. Producto de la pesquisa del propio Délano se descubrió que los ejemplares habían sido quemados en una dependencia de Investigaciones; y el juez Pelegrín Sepúlveda –de gran prestigio- logró detener y encargar reos a dos de los detectives asaltantes: Luis Varela Aracena y Daniel Morales Cancino.

Entretanto, El Mercurio, en su afán de defender a toda costa al Gobierno, llegó al extremo de sugerir la culpabilidad de la propia revista: “En este plano de los hechos la desaparición de la edición no resulta conveniente sino para la dirección de la propia revista porque renueva con investigaciones y actuaciones judiciales, un motivo de reclamo para esa publicación y mantiene cierto interés por las ediciones futuras” (4-3-1938).

Lo anterior generó una dura réplica del destacado escritor y periodista Tancredo Pinochet, dirigida al diario como persona: “Te has entronizado ‘Mercurio’, como el cuarto poder del Estado; pero tu función desempeñada en la forma que lo haces hoy, revocando sentencias de nuestra Corte y aplaudiendo el atropello, el asalto, el secuestro de un órgano de publicidad y tu acusación, solapada y traidora sin pruebas, de que el culpable de ese crimen es la propia víctima, te hace perder lo que te podría quedar de dignidad, lo que te podría quedar de decencia. Te transformas, de manera que apareces ya, de cuerpo entero, como un gangster de la prensa, que pretendes actuar contra la ley, en la obscuridad, en las tinieblas que tú mismo creas” (La Opinión; 5-3-1938).

Pocos días después, el juez Sepúlveda ordenó la detención por asalto, robo e incendio de Topaze, del prefecto Oscar Peluchonneaux, el subprefecto Carlos del Villar y los subcomisarios Juan Geraud e Isidro Sepúlveda. Sin embargo, al día siguiente, ¡Alessandri envió una nota al juez, que hizo pública, en la que reconocía su responsabilidad por dichos delitos!: “Ha llegado a mi conocimiento que U.S. ha despachado orden de detención contra el prefecto y subprefecto de Investigaciones y algunos otros altos jefes de esos Servicios en el proceso que se sigue por requisamiento y destrucción de una edición de ‘Topaze’ en la que se injuriaba gravemente al Presidente de la República, por medio de una caricatura. No escapará a U.S. la inmensa trascendencia que tiene tomar una medida tan grave respecto de jefes de una repartición pública que ha trabajado con empeño, esfuerzos y patriotismo por defender el orden público y resguardar la propiedad de los ciudadanos continuamente amagada por la acción de los delincuentes. Los funcionarios contra quienes se dicta la orden, no tienen ninguna responsabilidad en el acto que se les imputa, por cuanto el intendente de la Provincia (Julio Bustamante), obedeciendo una orden expresa de mi parte, ordenó a su vez al prefecto de Investigaciones de Santiago y al personal que intervino, el requisamiento y destrucción del periódico indicado. Durante los cinco años corridos de mi administración, he tenido que estar haciendo esfuerzos sobrehumanos para mantener el orden público y garantizar a los ciudadanos la libertad de trabajo y la seguridad de sus derechos, al amparo de este orden. Es de todos conocidas la existencia de complots, en cuya repetición se insiste, de momento en momento, sin que los interesados en destruir el orden público se desalienten por sus fracasos. El medio más eficaz para alcanzar los propósitos delictuosos se busca en el desprestigio de la autoridad para hacer ambiente favorable a la conspiración y a la alteración del orden y tranquilidad del país. Frecuentemente los autores de estos delitos han alcanzado la impunidad, lo que produce una patriótica inquietud en los que a toda costa se esfuerzan por mantener el régimen democrático, cuando observan la tendencia a erigir dicha impunidad en sistema, a pesar de los medios legales dictados para sancionar tal infracción. Estas circunstancias fueron las que me impulsaron a impedir la circulación de un periódico encaminado a buscar esos fines. En consecuencia, asumo toda la responsabilidad que deriva de mis actos y, al hacerlo, obro de acuerdo con el deber que tengo, ante todo y por sobre todo, de mantener el orden público y defender la integridad de las instituciones fundamentales del país” (La Hora; 11-3-1938).

Con lo anterior, Alessandri se colocó formalmente al margen de la Constitución y la ley; lo que le fue duramente representado por la oposición que, en una Declaración del Frente Popular ya existente, habló de “la iniciación de la dictadura desembozada del señor Alessandri” (La Opinión; 12-3-1938).

Sin embargo, la generalidad de la prensa de derecha cohonestó el delito presidencial. Particularmente La Revista Católica que señaló que “se trata de la requisa y quemazón de un número de revista política que se ha distinguido por su procacidad e insolencia contra autoridades e instituciones respetables y que en este caso publicaba una sangrienta caricatura contra el Presidente de la Nación (…) El Presidente ha procedido en resguardo de la autoridad y del orden (…) si ha habido extralimitaciones (…) ellas se explican humanamente y más cuando desde hace tiempo el Poder que debió velar por este orden y sancionar a tantos que han sido acusados de abusos a la prensa, no ha hecho sino dejar inmunes e impunes a tales plumarios” (Marzo, 1938).

El propio Partido Liberal declaró que “considerando: 1° Que es notoria la lenidad con que algunos tribunales han dejado impunes los excesos de una parte de la prensa y actividades subversivas de ciertos individuos; 2° Que el Presidente de la República cumple con sus funciones constitucionales al mantener con decisión el orden público; y 3° Que la perfecta normalidad de un régimen constitucional supone el concurso recíproco de todos los Poderes del Estado para mantener el ejercicio justo de sus respectivas facultades; Declara: Que la reciente medida adoptada por el Presidente de la República contra una revista de esta capital, si bien no es aceptable desde el punto de vista de la doctrina del Partido, tiene justificación en los antecedentes que la motivaron” (La Hora; 13-3-1938).

A su vez, el Partido Conservador la criticó, pero siguió formando parte del Gobierno: “La Junta Ejecutiva del Partido Conservador estima que si bien es notoria la lenidad con que algunos Tribunales han dejado impunes los excesos de una parte de la prensa y muy encomiable el anhelo del Presidente de la República de mantener con firmeza el orden público, este objetivo sólo debe perseguirse por los medios previstos en la Constitución y las leyes y, en consecuencia, lamenta y reprueba los recientes abusos de autoridad cometidos a raíz del proceso contra una revista” (La Opinión; 12-3-1938). En dicho partido, la única excepción real fue la del senador Rafael Luis Gumucio, quien renunció al Consejo Editorial de El Diario Ilustrado, debido al respaldo que este le dio al delito.

También fue excepción en la derecha –todavía formaba parte de ella- la Falange Nacional (antecesora del PDC) y particularmente Bernardo Leighton, que renunció indeclinablemente como ministro del Trabajo; y Ricardo Boizard, que en un artículo publicado en El Imparcial y La Hora –y que no le fue publicado en El Diario Ilustrado, del cual era columnista habitual- comentó que la posición del Partido Liberal constituía “una declaración tranquila, oficial y definitiva, de que el partido central del Gobierno autoriza que se atropelle la Constitución por determinados motivos. Si eso no es el fascismo se le asemeja mucho, y los hombres que han aprobado tal moción, aunque no vistan el uniforme reglamentario, deberían ir revisando sus convicciones republicanas” (Ricardo Donoso.- Alessandri agitador y demoledor. Cincuenta años de historia política de Chile, Tomo II; Fondo de Cultura Económica, México, 1952; p. 232).

Sin embargo, el órgano oficial de la Falange, junto con elogiar la renuncia de Leighton, minimizó el carácter represivo del Gobierno y centró sus ataques en Topaze a tal punto, ¡que más pareció una defensa del actuar del Gobierno!: “Debemos lamentar que por un error tan absurdo se haya dado patente de importancia a una revista como ‘Topaze’, que no ha hecho otra cosa, en muchos de sus números, que encanallar la vida del país, tergiversando los hechos y envenenando el ambiente con sugerencias que, bajo la capa del humorismo, tienen una intención agria y destructora. Era esta una revista de propaganda dirigida por un individuo que no puede levantarse como estandarte de rebelión, pues no tiene la frente limpia, abanderizada con una candidatura presidencial que representará en un solo día más atropellos que los que se hubieran podido cometer por este Gobierno en seis años. Esta clase de gente no tiene derecho a reclamar porque ellos serán los atropelladores de la ley en el día de mañana, como la atropellaron y burlaron en forma sangrienta en el pasado” (Lircay; 19-3-1938).

El Poder Judicial dictaminó finalmente ¡la excarcelación de todos los agentes de Investigaciones culpables del delito y exculpó al Presidente de la República y al Intendente de Santiago, al considerar que lo obrado por Alessandri constituía un “acto administrativo” que solo podía ser objeto de un juicio político ante el Congreso Nacional!

Como Alessandri tenía mayoría parlamentaria, el insólito dictamen judicial significaba evidentemente la total impunidad para un Presidente de la República que había ordenado –según propia y pública confesión- la realización de un conjunto de graves delitos destinados a vulnerar los derechos a la libre información y expresión; a la propiedad y a la justicia. Y hacía extensiva la impunidad a todos quienes habían ejecutado los delitos.

Además, dicho fallo sirvió de crudo recordatorio del falso carácter del Estado de Derecho chileno; y de ominoso precursor de la impunidad de que gozaría meses después el mismo Alessandri al ordenar la masacre del Seguro Obrero…

La ilustración de la edición Nº 285 de la revista «Topaze», y que originó las diversas acciones violentistas e ilegales por parte del segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma

«Historias desconocidas de Chile» (Catalonia, Santiago de Chile, 2016)

El historiador y sociólogo chileno Felipe Portales Cifuentes

Felipe Portales Cifuentes es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1977). Ha sido Visiting scholar de la Universidad de Columbia, asesor de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y profesor de la Universidad de Chile en el Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI), en el Instituto de Asuntos Públicos (INAP) y en el área de Humanidades de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Entre otros volúmenes ha publicado: Chile: Una democracia tutelada (Editorial Sudamericana, 2001), Los mitos de la democracia chilena. Desde la Conquista a 1925 (Editorial Catalonia, y que obtuvo el Premio Ensayo del Consejo Nacional de Libro y la Lectura en 2005), Los mitos de la democracia chilena. 1925-1938 (Editorial Catalonia, 2010) e Historias desconocidas de Chile (Editorial Catalonia, 2016), título del cual se extrajo el artículo publicado en este Diario.

Crédito de la imagen destacada: Memoriachilena.cl