El llamado “cuarto poder” -identificado en los consorcios periodísticos con poder de influir en la agenda pública- operaría según su conveniencia y las de sus empresas asociadas: mostrarían visiones sesgadas a la ciudadanía, ocultarían información y desviarían la atención del espectador montando operaciones mediáticas. A su vez, las audiencias, o bien quedarían rehenes del «caos» (siendo funcionales a los grandes medios), o en cambio se mantendrían expuestas y perseguidas si se manifiestan en contra de estos grupos de presión, dice nuestra colaboradora argentina en esta crónica interpretativa, y donde ejemplifica sus afirmaciones con la lucha suscitada entre el Grupo Clarín y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en 2008.
Por Yanina Giglio
Publicado el 1.11.2018
Dos definiciones para la noción de Estado: en la primera, citaremos una metáfora de Jorge Sábato “el estado es una bisagra” para hacer alusión al rol de intermediario entre un “afuera” y un “adentro” de una sociedad nacional. En la segunda, hablaremos del Estado como un sistema de administración con poder legal para ejercer la dominación y coordinación social circunscripto a un territorio y a una población específicos, con las siguientes características: determinación de fronteras; monopolio de las fuerzas coercitivas para la defensa de la soberanía y de la paz social; agencia en la pretensión del bien común y su respectiva construcción de una imagen de verosimilitud en la ciudadanía; fomento y control de los mercados; escritura y remembranza de su propia historia (a través de la escolarización, los símbolos o los folclores, por ejemplo).
El Estado es una bisagra porque es un agente intermediario, un punto de unión, de articulación, de convergencia entre los intereses internos y las coyunturas externas a la sociedad a la que representa. Esta metáfora denota que hay movimientos de entrada y de salida, de apertura y de cierre que están regulados por un eje, es decir, el Estado.
La relación entre Estado, bien común y verosimilitud se explica de la siguiente manera: el Estado, sea autoritario o democrático, justifica su existencia con la promesa de la búsqueda del bien público, común a todos sus habitantes. Una herramienta para lograr legitimidad ciudadana es la construcción de verosimilitud, es decir, una imagen de credibilidad que connote la voluntad del Estado en tanto agente administrador con suficiente poder político de gestionar tal bienestar. Todas las acciones gubernamentales para generar verosimilitud serán porcentualmente medidas con antelación al mejor estilo mass media. ¿Cuánta aceptación o rechazo tendrá tal o cual medida? En la actuación política nada puede dejarse librado al azar, y si hay una contingencia de generación espontánea, siempre se la interviene para que mediáticamente el resultado sea favorable a la administración. Todo, hasta incluso, el peor atentado a los derechos humanos, absolutamente todo, se absorbe y se capitaliza. O acaso, ¿no fue un presidente argentino reelecto por sufrir el fallecimiento/asesinato de un familiar?
Por otro lado, y para profundizar nuestro planteo, diremos que la globalización funciona como un colonialismo económico, político y cultural, donde las naciones se ven sujetas a procesos de cambios acelerados aún sin encontrarse en una coyuntura que pueda beneficiarlas internamente. Por esto cuestionamos la realidad de las democracias y de la política como instrumento para lograr el bien común. ¿Por qué llamar a una nación democrática cuando se ve atrozmente dominada por las reglas del mercado? ¿Cómo afirmar que la política está velando por los intereses de la sociedad, si justamente, el sistema político avala la supremacía del neoliberalismo? En la medida que la presencia del Estado en la economía y en las reglas del mercado disminuye, la hegemonía del capital se acrecienta. Y de la mano de esto, las desigualdades, la pobreza, las injusticias, la desinformación, la exclusión.
El “conglomerado” que compone una democracia liberal según Hobsbawm está formado por: “una unidad política que enmarque su función” es decir, Estados-Nación “constitucionales que ofrecen la garantía del imperio de la ley, así como diversos derechos y libertades cívico políticas; asambleas representativas, elegidas por sufragio universal en elecciones a intervalos regulares, donde se enfrenten distintos candidatos y organizaciones rivales”. La preponderancia del papel de los medios de comunicación en la política y la propaganda de masas son otros de los “ingredientes” para una democracia liberal, ya que sin el respaldo del pueblo y sin al apoyo de la opinión pública (mediatizada por las grandes cadenas periodísticas de “desinformación”) el gobierno no podrá perdurar.
Otro componente es la globalización del laissez faire en la economía, asociado a la idea de que “todo servicio que puedan proporcionar las autoridades públicas es, bien indeseable, bien redundante, pues –el mercado- puede prestarlo mejor, con mejor coste y eficacia”. El Estado se vuelve una empresa más, dominada por “la mano invisible del mercado”, donde la noción de ciudadano es reemplazada por la de consumidor. Veamos entonces, a partir de casos reales de la Argentina cómo operan estos conceptos.
Hobsbawm resaltará “el papel de los medios de comunicación modernos, y la expresión de la opinión pública a través de la acción (o la inacción) directa”. Estos elementos que han adquirido un carácter progresivamente más central podemos identificarlos, ejemplificando con la relación entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín sobre el caso Papel Prensa S.A. y con el paro agropecuario de 2008.
Mientras era Presidente, Néstor Kirchner afirmó que no existe el periodismo independiente, ya que los periodistas no se pueden aislar de la empresa que los emplea. Estas empresas son, según su punto de vista, poseedoras de un enorme poder y actores en este juego de poder, con intereses e ideología. Dichos medios actúan decisivamente en la relación entre los ciudadanos y los políticos.
El primer desencuentro público ocurrió en marzo de 2007 cuando la secretara de Medio Ambiente, Romina Picolotti, funcionaria dependiente de Alberto Fernández, denunció que la empresa Papel Prensa S.A. contaminaba el río Baradero y fijó un plazo de 180 días para cesar el derrame de efluentes contaminantes. El Grupo Clarín recurrió a la justicia para evitar una gasto de diez millones de dólares a la vez que publicó en julio de aquel año, una investigación en la que decía que la funcionaria hacía gastos desmedidos y realizaba contrataciones injustificadas de parientes. El conflicto finalizó cuando Fernández, que había sido nombrado representante del Estado en el directorio de la empresa, dijo que obligó a los demás socios de la papelera a invertir 8 millones de dólares para evitar la contaminación.
La ruptura con el gobierno K, se habría producido durante el conflicto con el campo, en donde los medios clarinistas -para apretar al gobierno y apurar el negocio-, hicieron una cobertura pro campo.
Meses después de esto llegó el paro agropecuario, lock out y bloqueo de rutas en la Argentina de 2008. Un extenso conflicto en el que cuatro organizaciones del sector empresario de la producción agro-ganadera en la Argentina (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación Agraria Argentina), tomaron medidas de acción directa contra la Resolución nº 125/2008 del Ministro de Economía Martín Lousteau, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que establecía un sistema móvil para las retenciones impositivas a la soja, el trigo y el maíz.
La medida patronal se extendió por 129 días, desde el 11 de marzo de 2008 hasta el 18 de julio del mismo año. Al conflicto se le sumó un paro de los empresarios transportistas con bloqueo de rutas, que agravó la situación y el abastecimiento de las ciudades. El proceso tuvo una alta politización y el oficialismo denunció que tenía fines golpistas, mientras que los organizadores de la medida negaron terminantemente que existiera esa intención.
Al 1 de abril de 2008 el desabastecimiento de alimentos comenzó a ser un problema grave, con faltantes de carne casi total en varias zonas del país y escasez de verduras y lácteos. La Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires denunció que a raíz del lock out agropecuario se había desabastecido el 70 % de los comedores escolares, fenómeno que también se hizo sentir en los hospitales. Por la tarde se realizó la marcha a la Plaza de Mayo de quienes adhieren a la política económica sostenida por el Gobierno, convocada desde el mismo oficialismo, con una importante presencia de los sindicatos de ambas centrales, el Frente para la Victoria en el Gobierno y otros partidos políticos, como el Partido Justicialista, el Frente Grande, el Partido Comunista y el Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires, y las organizaciones de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y Abuelas de Plaza de Mayo. La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se hizo presente siendo la única oradora del acto, confirmando en su discurso la política de retenciones hacia los terratenientes exportadores y cuestionando duramente el lock out, los bloqueos de rutas y el desabastecimiento de las ciudades, comparándolo con una medida similar que las mismas organizaciones realizaron contra el Gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, que alentaría el golpe de Estado de 1976.
El 17 de junio de 2008, la presidenta Fernández, envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con el fin de que sea el Poder Legislativo el que resolviera la situación. Luego de ser aprobado por la Cámara de Diputados, el proyecto tuvo una votación empatada en la Cámara de Senadores, razón por la cual debió desempatar el Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, quien lo hizo negativamente (“mi voto es no positivo”) en la madrugada del 17 de julio de 2008. Al día siguiente, la Presidenta de la Nación ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08.
Consideramos entonces, que en ambos conflictos queda en evidencia el poder de los medios de comunicación como generadores de opinión pública y dispositivo de presión para y de los gobiernos, y en cuanto a los ciudadanos operan para la estigmatización y el etiquetado masivo de roles y expectativas. El llamado “cuarto poder” opera según su conveniencia y las de sus empresas asociadas: muestran visiones sesgadas, ocultan información y desvían la atención del espectador montando operaciones mediáticas. A su vez los ciudadanos, o bien quedan rehenes de la desinformación siendo funcionales a los grandes medios, o bien expuestos y perseguidos o desempleados si se manifiestan en contra de estos grupos de poder.
Yanina Giglio nació en Buenos Aires, Argentina, en 1984. Lectora serial que escribe, investiga, experimenta y vuelve a empezar. Incansable. Apasionada por el desarrollo de procesos creativos.
Ha realizado estudios en Ciencias de la Comunicación Social en UBA. Es miembro fundador de Odelia editora. Coordina talleres de lectura y escritura creativas. Actualmente estudia Artes de la Escritura en UNA y el posgrado “Escrituras: Creatividad Humana y Comunicación” en FLACSO.
Publicó: Abrapalabra: licencia para hablar (Entrelíneas UBA, 2014), La Do Te (Editorial Alción, 2015), Recuperemos la imaginación para cambiar la historia -Antología- (Proyecto NUM-Editorial Mansalva, 2017) y Liberoamericanas. 80 poetas contemporáneas -Antología- (Editorial Liberoamérica, 2018).
Yanina Giglio
Crédito de la imagen destacada: La Prensa de Panamá (https://www.prensa.com/).