Lo que se observa con la compra del referido inmueble es precisamente la reactivación de una idea de patrimonio únicamente asociada al capital y a la estatua, donde los verdaderos actores son desplazados al espacio de los sin voz, exiliados al terreno de los que sobran, sin incidencia en ningún tipo de política preservativa por parte del Estado.
Por Javier Agüero Águila
Publicado el 16.1.2021
Hace unos pocos días se anunció que el palacio Bruna, otrora residencia del acaudalado empresario salitrero Augusto Bruna, después embajada de los Estados Unidos y finalmente el edificio que acogió a la Cámara Nacional de Comercio, será comprado por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio (Mincap).
No es el objetivo de esta columna cuestionar el incuantificable valor patrimonial de este edificio de principios del siglo XX, cuya arquitectura neoclásica —claramente influenciada por el Renacimiento italiano— conjuga finas maderas con escaleras de mármol verde y negro, vitrales y lámparas de una belleza impresionante además de sus variadas terrazas que miran hacia el norte, destacando la vista al Parque Forestal y al río Mapocho, por ese entonces expresión de un entorno natural que configuraba el conspicuo imaginario de la aristocracia chilena europeizada. Este no es el punto.
Lo que se persigue es dar cuenta de cómo la noción de cultura en Chile se abrevia en una cierta idea de “monumentalización” y “adquisición”; como si ésta se relacionara únicamente con la obtención de palacios, castillo o feudos urbanos que en su sola magnificencia estética nos indicarían el camino hacia la consolidación de un país “culto”, desestimando radicalmente aquella dimensión simbólico–espacial donde esa misma cultura habita noble y genuinamente, sin necesidad de ser inversión o cristalizada en la piedra sofisticada del monumento.
La compra del palacio Bruna por parte del Gobierno de Piñera (US$8,5 millones aproximadamente) da cuenta por sí misma de la camisa de fuerza a la cual el neoliberalismo somete cualquier expresión de la vida humana. Nada parece escapársele, todo lo rodea y finalmente lo atrapa, recuperando con este movimiento la legitimidad necesaria que le permite reconocerse y validarse en un relato.
Sin embargo, se trata de un relato que desconoce lo primordial, ajustándose a lo puramente performativo, a la fachada superficial tras de la cual lo que se descubre es el vacío articulante de un país donde la racionalidad económica y política desprovee de densidad y sustancia a la cultura misma; poderosa racionalidad económica que sabotea y pervierte el lugar que la cultura debe ocupar en una sociedad.
Pero, ¿qué más se le puede pedir a una elite gobernante si todo lo que conocen por arte o cultura se traduce en la obtención de “bienes” culturales de obsceno costo probablemente adquiridos en alguna subasta en Nueva York, París o Londres?
Me pregunto: ¿Sebastián Piñera habrá leído el Ulises de James Joyce?
¿Andrónico Lukšić se habrá emocionado con la novena de Mahler o Bernardo Larraín Matte con Muerte en Venecia?
(Aunque este último dirigente empresarial, quizás, ha sido ilustrado al respecto por su cuñada, la artista visual con sensibilidad social, Francisca Aninat Sahli).
¿Creemos realmente que Agustín Edwards Del Río —si es que la vio— fue afectado por El chacal de Nahueltoro?
En el mismo sentido y para desplazarnos al otro lado de la cultura, esta vez popular y profundamente significativa para la identidad de un país, ¿pensamos de verdad que esta casta de millonarios conoce en serio lo que es la Fiesta de la Tirana, Las décimas de Violeta Parra, el bar La Unión, el Klóketen Selk’nam o el We tripantu Mapuche?
Todas estas expresiones genuinas de un país cuya cultura se produce y reproduce en el encuentro de múltiples escrituras, narraciones, imaginarios, en fin.
Pues no, al menos yo no lo creo. Y lo que se observa con la compra del palacio Bruna es precisamente la reactivación de una idea de cultura únicamente asociada al capital y al monumento, donde los verdaderos actores son desplazados al espacio de los sin voz, exiliados al terreno de los que sobran, sin incidencia en ningún tipo de política cultural, resignados a ritualizar los Fondart o los vergonzosos fondos municipales como única forma de proyectar una potencial sobrevivencia.
Veremos qué es lo que la Constituyente puede hacer al respecto y si la cultura, en el sentido extensivo de la palabra, ocupará un lugar central en el debate que aún no nace o, bien, habrá que dar batalla desde fuera, desde el palco ex–céntrico que, al final del día, es el ecosistema tradicional desde donde la cultura y la contracultura pueden resistir, crear y recrear.
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Javier Agüero Águila es doctor en filosofía por la Universidad París 8 y académico y director del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica del Maule.
Ha escrito los libros Chili: les silences du pardon dans l’après Pinochet (París, L’Harmattan, 2019) y junto a Carlos Contreras, el libro colectivo Jacques Derrida: envíos pendientes (Viña del Mar, Cenaltes, 2017).
Ha publicado más de una veintena de artículos en revistas especializadas, capítulos de libros y ha traducido a importantes autores franceses contemporáneos, entre ellos a Jacques Derrida y a Marc Crépon.
Javier Agüero Aguila
Imagen destacada: Palacio Bruna en la década de 1930.