En otra estrategia comunicacional a fin de invisibilizar el debate acerca de la controvertida biografía en materia de derechos humanos del exdetective de la PDI, Rómulo Aitken, el largometraje documental de la realizadora Maite Alberdi Soto y de la productora Marcela Santibáñez Gómez  (y donde el otrora funcionario público es una parte fundamental de la trama), se anuncia que el filme se exhibirá en la señal de televisión abierta propiedad del Estado, el próximo viernes 23 de abril. Para esta plataforma periodística, esa errada decisión demuestra que un sector importante de la élite nacional, y por ende de quienes dirigen a la industria audiovisual local, se encuentran lejos de tener una postura unívoca, y de rechazo visceral, en contra de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por elementos institucionales, en el contexto de la reciente y trágica trayectoria política de nuestro país.

Por Cine y Literatura

Publicado el 10.4.2021

Algunos historiadores estarán en desacuerdo por el número de judíos asesinados en las cámaras de gas durante la Segunda Guerra Mundial, pero donde hay un consenso disciplinario es que en la Alemania nazi se violaron sistemáticamente los derechos humanos fundamentales.

Cuando un Estado, en este caso el alemán, utiliza todo el aparataje público para atentar contra la integridad física de habitantes dentro y fuera de su territorio, no hay dos interpretaciones, ese Estado está cometiendo flagrantes apremios ilegítimos tipificados en la ley internacional.

Cuando hablamos de fondos públicos, hablamos del presupuesto de la nación, cuyos ítems son financiados por distintas actividades productivas del Estado, pero principalmente por impuestos. Dentro de estos últimos, una parte es financiada por el impuesto de primera categoría (que recae en empresas y en personas naturales) y en un gran porcentaje por el Impuesto al Valor Agregado, que recae en el 100% de la población, con la salvedad de que las personas naturales no pueden deducirlo de sus gastos.

Por ende, los fondos públicos que entrega un Estado deben tener relación y no ser contrarios a los intereses de los contribuyentes. En definitiva, se debe resguardar tanto la probidad económica como la integridad moral de sus destinos, en cuanto su utilización es un elemento sensible para cada habitante que paga impuestos.

Es una obviedad que esos fondos públicos no pueden ser usados para vulnerar, propiciar ni avalar abusos a los derechos humanos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue proclamada el 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas y fue ratificada recién por el Estado de Chile el 7 de diciembre de 1989.

Fondos públicos y derechos humanos

Tomemos como antecedente lo publicado en el libro Rati. Jesús Silva San Martín, agente de La Oficina de los periodistas Javier Rebolledo y Dauno Tótoro Taulis (Ceibo Ediciones, 2021), investigación periodística que da cuenta de la historia de La Oficina, entidad creada durante el primer gobierno de la Concertación (1990 – 1994), y cuyo objetivo fue desarmar a los grupos armados de extrema izquierda que seguían operando con posterioridad a la dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet Ugarte.

En dicha publicación se devela un hecho contrario a lo convenido en la actual Constitución que nos rige: el derecho a la integridad física y psíquica de sus ciudadanos.

Es de suma gravedad, entonces, que en tiempos de democracia hayan existido torturas a sus habitantes a vista y paciencia de los partidos de la Concertación, haciendo suyos métodos ilegítimos, protección a delincuentes y montajes políticos que no fueron de conocimiento público, métodos utilizados con impunidad por la dictadura y ampliamente renegados en nuestro actual sistema de gobierno.

Los autores nos enfrentan a un país que ha renunciado a tener memoria. Los torturadores de ayer y los encubridores de la violencia de Estado, siguen «vivitos y coleando» en un país que propicia los abusos desde los tiempos de la dictadura. Han pasado 50 años y seguimos en manos de seres oscuros que operan en la impunidad.

En cuanto a la coyuntura de las últimas semanas, los autores del libro destapan el actuar de uno de los actores principales de la película El agente topo, en sus entrevistas son acuciosos en detallar el rol preponderante que tuvo el exdetective de la PDI Rómulo Aitken en el funcionamiento de La Oficina.

La directora, o tal vez la productora, reclutaron al ahora investigador privado para conducir las entrevistas y así poder dar con su celebrado personaje en la ficción.

Entendamos que, según declaraciones oficiales surgidas desde el mismo equipo creativo y técnico de El agente topo, estas destacadas cientistas sociales —tituladas y egresadas en la que afirma ser la mejor Facultad de Comunicaciones universitaria de Latinoamérica—, increíblemente, no estaban enteradas del prontuario judicial de Rómulo Aitken.

Quizás no consultaron en el buscador de Google, pero reconozcamos que de no ser por la investigación periodística de Rebolledo y de Tótoro Taulis, quizás el supuesto accionar del exdetective jamás habría sido de público conocimiento.

El extraordinario currículo profesional de Maite Alberdi Soto la hizo acreedora de importantes fondos públicos para financiar su obra audiovisual, provenientes de la Corfo, el Consejo Nacional de Televisión y los Fondos de Cultura.

Esos recursos estatales fueron adjudicados con justicia para financiar una película que excede con creces el presupuesto de los filmes nacionales, sobrepasando los mil millones de pesos según ha confirmado la productora Marcela Santibáñez Gómez.

El principal financiamiento provino de estos fondos públicos, complementados con cuantiosos aportes internacionales (EE.UU. en un 19%, Alemania, Holanda y España). La productora detalla, además, que en la promoción del filme, se han gastado otros US$ 250 mil, gracias a los aportes del Banco de Chile, de la Caja Los Andes y de la Fundación Las Rosas.

Hasta aquí, todo bien, la productora y la directora, aducen desconocimiento del historial de Aitken, pero hace un par de jornadas, el viernes 9 de abril, se publicita en Cooperativa.cl que dos días antes de la celebración de los Oscar 2021 se emitirá por TVN (el viernes 23 de abril), en horario prime, la producción audiovisual de Alberdi Soto y de Santibañez Gómez.

Maite Alberdi Soto (en la izquierda) y Marcela Santibáñez Gómez (a la derecha de la imagen)

Una «investigación de campo» defectuosa

Rómulo Aitken fue procesado por presunta obstrucción a la justicia en su calidad de subprefecto de la PDI, y detenido a raíz de una investigación interna por desaparición de evidencia en un caso de narcotráfico. Además, nos enteramos de una acusación de violencia física interpuesta por su antigua pareja afectiva.

Es de notar, sin embargo, que las denuncias sobre un supuesto cohecho, asociación ilícita o participar en una hipotética “guerra sucia” en el plano electoral, finalmente fueron desestimadas por el juez responsable de seguir la pertinente causa judicial.

Esto es, el detective a cargo de las entrevistas para reclutar al agente topo y para capacitarlo en el arte de las infiltraciones, es un sujeto relacionado con apremios ilegítimos en tiempos de transición democrática —de acuerdo a la investigación periodística de Javier Rebolledo y de Dauno Tótoro Taulis—, y fue acusado formalmente por encubrimiento de narcotraficantes e incluso de un posible tráfico de drogas.

Ahora, las productoras y la realizadora del filme no pueden excusarse en el desconocimiento y por otra parte, el Estado de Chile no puede eximirse de responsabilidades de diversa índole por exhibir en la principal señal televisiva de su propiedad (TVN), y en horario prime, una obra audiovisual en donde un personaje nefasto aparece como uno de los coprotagonistas de la trama.

Lo anterior es aún más delicado por exhibirse durante la presidencia de Sebastián Piñera Echeñique, quien ostenta el cargo gracias al apoyo de Chile Vamos, pacto de los partidos de centroderecha que tuvieron un estrecho compromiso con la dictadura encabezada por el general Pinochet (1973 – 1990).

El terrorismo de Estado fue ampliamente denunciado por las autoridades democráticas alemanas con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, no hubo voces disidentes, porque según la Declaración Universal de Derechos Humanos no hay doble interpretación cuando se cometen esos actos deleznables.

En la televisión alemana y en la televisión española post franquista no hay cabida para la propaganda audiovisual favorable que perpetúen a esos regímenes de horror en la memoria colectiva de sus respectivos países, porque simplemente no se pueden avalar abusos a los derechos humanos en los medios de comunicación social que son propiedad del Estado.

La política de no respaldar (menos de propiciar o de ejercer) acciones que atenten a esos derechos consagrados en la Constitución, sobre todo si se enmarcan dentro del actuar en la esfera pública, es una prerrogativa esencial en un Estado de Derecho, y la cual puede ser reclamada por los ciudadanos de este país, y con mayor razón, asimismo, por los familiares o simpatizantes de las víctimas de graves violaciones a sus garantías fundamentales.

Pero además, esos fondos públicos están propiciando la carrera actoral de una persona acusada de encubrimiento de narcotraficantes e incluso de sospecha pública por tráfico de drogas, delitos que atentan gravemente en contra de nuestra convivencia social y política.

A la producción de El agente topo, en caso de perseverar en difundir la película en la televisión abierta y estatal, hay que exigirle un mínimo de delicadeza en el sentido de omitir las secuencias donde aparece Aitken, de hecho, el argumento principal se sostiene sin mediar su participación.

En esta era digital, no será muy difícil hacer los cambios debidos en el montaje, y el presupuesto de la película debiera hacer un espacio para considerar esos cambios.

No es censura, es evitar que agentes que incurrieron en terrorismo de Estado, financiado por nuestros impuestos, vuelvan a aparecer sonrientes, otra vez financiados por fondos públicos.

Es un mínimo de decencia y de respeto hacia las familias de los muertos, torturados y desaparecidos de nuestra patria y una muestra de transparencia, sin dobles lecturas, ante actividades oprobiosas que no debieran volver a repetirse en este país.

Nunca jamás.

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Tráiler:

Imagen destacada: El agente topo (2020).