Resulta paradójico que las fuerzas políticas progresistas del país avalen el dominio de la productora Fábula y de la institucionalidad audiovisual creada durante los dos gobiernos de Sebastián Piñera en el sector, y lo que esto conlleva de pernicioso para la industria nacional, para su independencia y finalmente para el pluralismo ideológico de esta.
Por Enrique Morales Lastra
Publicado el 24.11.2021
El problema público
La inexistencia de una industria audiovisual independiente en el circuito cinematográfico chileno, versus y de cara al poder y a la influencia del Estado “piñerista” y de sus agentes políticos y culturales en el centro de la misma.
El diagnóstico radica en la dependencia de sus actores específicos no sólo hacia los Fondos Concursables, sino que también frente a la institucionalidad cinematográfica creada en los dos gobiernos de Sebastián Piñera a instancias de su exministro de Cultura, Luciano Cruz-Coke Carvallo y de Pablo y de Juan de Dios Larraín Matte: CinemaChile en 2013 y la Academia de Cine de Chile en 2018, respectivamente.
Eso ha producido que salvo tres o cuatro productoras locales de contenidos cinematográficos (Fábula, propiedad de los Larraín Matte, precisamente, la más importante), casi ningún actor audiovisual, por ejemplo, es capaz de rodar un largometraje sin la ayuda monetaria del Estado.
Pero más allá de esa dependencia financiera de cara al gobierno de turno, lo importante es superar los criterios elitistas y de amiguismos en la entrega de los Fondos Concursables, que relegan a los agentes independientes y populares del sector al ostracismo y a la marginalidad.
Asimismo, buscar romper los vetos ideológicos que la hegemonía de los Larraín Matte plantean al cine chileno, como por ejemplo, el silencio simbólico que la industria local evidencia frente a tópicos donde sobresale el de Colonia Dignidad, a fin de no incomodar a ese clan de distinguidos «liberales» (por su padre, el actual ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Hernán Larraín Fernández) y a causa de la defensa pública que este hizo de la secta alemana y de su líder el pederasta Paul Schäfer, a mediados de la década de 1990.
El objetivo de la política pública que proponemos radica en superar esa dependencia coercitiva y restrictiva, finalmente, y así proceder a fundar una industria audiovisual chilena independiente, en lo posible tanto de los Fondos Concursables como de esa élite enriquecida gracias al Estado, durante la próxima administración de la República.
Los agentes culturales y sus posiciones políticas
Salvo voces minoritarias y críticas del actual modelo de desarrollo cultural, profundizado desde 2010 en su elitismo por la gestión de Luciano Cruz-Coke Carvallo al mando del Ministerio de las Culturas, la inmensa mayoría de los actores del sector audiovisual no se plantean otro modelo con el objetivo de estimular la creación de una industria independiente, que la entrega cada vez mayor y sostenida a través del tiempo, de millonarias asignaciones directas o indirectas para fomentar la creación cinematográfica.
Menos disciernen la paradoja de que fuerzas políticas en apariencia progresistas avalen la hegemonía del clan Larraín Matte y lo que esto conlleva de pernicioso para el cine nacional y su pluralismo ideológico.
Cuando hablamos de actores del sector cinematográfico nos referimos a las casas productoras, guionistas, realizadores, técnicos audiovisuales, intérpretes dramáticos y gestores culturales del país.
De acuerdo al Servel, Pablo Larraín Matte (a la izquierda de la imagen) fue uno de los principales financistas a nivel individual para la campaña presidencial de Gabriel Boric durante la primera vuelta
El estado de la situación
Mientras que un 26% del presupuesto en Cultura es destinado a la entrega de fondos concursables (donde se incluyen los prodigados al sector audiovisual), el resto se divide entre programas e infraestructuras (28%), personal administrativo (28%), y transferencias directas a instituciones (11%).
Así, el presupuesto del Ministerio de las Culturas para 2022 alcanza un total de $228 mil millones.
Una recomendación para la acción
Para evitar reproducir estructuras de discriminación elitista que van en contra de la igualdad de oportunidades y de la equidad, aquí se propone la reactivación de una agencia estatal para la industria cinematográfica chilena, al modo en que lo fue Chile Films durante la década de 1960 y la de 1970.
Así, y si consideramos que casi la mitad de los $57 mil millones ($28 mil millones) que se destinan a fondos concursables en total del sector cultural, van dirigidos al área audiovisual (estos se evaluarían y reducirían a la mitad en esta propuesta), tenemos que unos $14 mil millones se destinarán anualmente a la formación de esta agencia estatal, previa promulgación de una Ley específica (“La del Cine Chileno”) que garantice que cualquier agente audiovisual que requiera filmar una obra, pueda hacerlo en estas instalaciones de primer nivel abiertas al profesional que lo solicite.
En vez de la Corfo, la nueva agencia dependería directamente del Ministerio de las Culturas.
Tráiler:
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Luciano Cruz-Coke Carvallo
Imagen destacada: Pablo Larraín Matte y Gabriel Boric Font.