El sistema político se debe sustentar en la fe y en la validez de las reglas aplicables a todos por idéntico (Max Weber), o en el también llamado principio fundamental de la igualdad ante la ley, lo que hoy está lejos de ocurrir, en un país que entrega privilegios a ciertos sectores de la población, a causa de factores distintos a los derechos o garantías inherentes a cada ciudadano, por el sólo hecho de serlo.
Por Diego Ancalao Gavilán
Publicado el 1.11.2020
Una mirada en perspectiva de la Revolución Francesa (1789), nos permite realizar un juicio crítico del proceso de cambios del Chile presente. En aquella época, el pueblo francés mayoritariamente empobrecido, estaba sometido a un pequeño grupo que se creía predestinado a administrar el poder a su antojo, según una especie de mandato divino que los había elegido para ese fin.
Esa monarquía dominante aplicó el “despotismo ilustrado”, que se sostenía sobre el principio de que eran ellos quienes tenían la virtud exclusiva de interpretar las necesidades y aspiraciones de un pueblo incapaz de autogobernarse. Por supuesto que el “sacrificio” de asumir aquella tarea ardua y esforzada, merecía la total concentración de los privilegios de la riqueza, que de algún modo compensaba este “servicio a la patria”.
Por cierto que esto duró, exactamente lo que duró la paciencia de ese pueblo, que un buen día decidió liberarse de las cadenas, que ellos mismos habían tolerado demasiado tiempo.
¿Le parece a usted una historia conocida?… Lo cierto, es que hoy, 200 años después, se puede ver que Chile se ve enfrentado a la misma disyuntiva y a un escenario de cambios asimilable.
Algún lector suspicaz, estará pensando en la guillotina como símbolo de ese proceso revolucionario. La verdad es que a nosotros nos basta con que todos aquellos que han sido responsables directos del sufrimiento injusto de la mayoría excluida de nuestro país y de aquellos otros que se transformaron en “cómplices pasivos”, tomen la decisión de jubilarse de la actividad pública y guarden un respetuoso silencio, por los “pecados” cometidos.
De hecho, el movimiento ciudadano que se ha alzado en su gran mayoría con las armas de la paz, ha puesto de relieve la erosión profunda de la casta política y el monopolio de partidos que terminaron sirviéndose a sí mismo, olvidando absolutamente la noble misión de la buena política.
Es por ello que resulta hasta insultante, que los actores de esa misma casta que usufructuó del poder traspasándose el gobierno unos a otros, hoy se muestren reconvertidos y con atuendos renovados, que solo buscan ocultar sus verdaderas intenciones.
Estos personajes, simplemente no han querido comprender los abrumadores resultados del plebiscito, que junto con exigir un cambio en la forma que hemos tenido de relacionarnos, han manifestado su rechazo más categórico a quienes se transformaron en los verdugos de las aspiraciones de la gente.
Pero eso no es todo, además algunos de ellos y ellas, nos anuncian sus candidaturas presidenciales, autoproclamándose disponibles a encabezar los cambios, que recién acaban de descubrir que eran imprescindibles para alcanzar el bienestar de Chile. ¿No será mucho descaro?
Parecen no entender que Chile despertó por fin, de una pesadilla cargada de rivalidades artificiales entre “derechas” e “izquierdas”, que en definitiva dejaron siempre las cosas como estaban. Lo que no quieren asumir, es que se ha generado el ascenso de los micro poderes, con toda la fuerza para desafiar a los defensores entusiastas del status quo. Que es lo que estamos haciendo en este momento.
Como pueblos originarios, conectados con todas y todos los discriminados, conocemos y comprendemos nuestros problemas, mejor que nadie, pero parecemos incapaces de resolverlos de manera decisiva.
¿Cuál es la razón de esta realidad frustrante y peligrosa?, es muy clara la respuesta: Nadie de nosotros, tiene el poder suficiente, para hacer lo que corresponde.
Lo que decimos es especialmente relevante en este momento, pues el proceso constituyente no debe caer en manos de esta “partidocracia”. Con esto, no queremos decir que pretendemos promover un proceso anárquico, servicial a grupos que no creen en la buena democracia. Lo que decimos es que ese “pacto por la paz” instrumental que se ha suscrito, en realidad es un intento de que el poder se mantenga dónde está, con total prescindencia de la soberanía popular.
Por esto es importante el cambio constitucional. Pero también, es importante comprender como los grupos de poder ejercen una enmascarada dominación. Si no entendemos cómo se ejerce esa dominación, difícilmente podremos decidir nuestro propio futuro.
En efecto, el poder se ejerce a partir de principios jurídicos, que se conforman en un sistema de leyes que se imponen al cuerpo social. Esta es la matriz de regulación de toda conducta humana. Esto no tendría ningún problema, si es que esos cuerpos normativos emanaran de la voluntad de un pueblo que establece, con toda legitimidad, el modo en que acuerda convivir.
El sistema político se debe sustentar en la fe a la validez de las reglas aplicables a todos por igual (Weber), lo que hoy está lejos de ocurrir. Déjennos dar un solo ejemplo, para no hacer un recuento de los abusos que sería largo de enumerar.
La reciente rebaja tributaria en favor del Grupo Penta, se ajusta a las leyes existentes, sin embargo, es una norma completamente inmoral e injusta, que se aplica a un conjunto de empresarios que corrompieron a la mayor parte de la casta política.
Y todos lo recordamos bien: estos mismos sujetos recibieron el “castigo” de asistir a cursos de ética, versus, las penas de cárcel que reciben los pobres.
Santiago de Chile el 25 de octubre de 2020
Estado cultural versus Estado plurinacional
El Estado es la entidad creada para hacer cumplir un contrato social que explicita un conjunto de derechos que los ciudadanos han pactado a costa de limitar su libertad personal. Y aquí, otro ejemplo, a los pueblos indígenas no se les permite participar de este contrato social, de hecho, el fracaso de padrón electoral indígena, es una discriminación directa.
Podemos anticipar, que la casta política empujará para que la nueva Constitución declare a Chile como un Estado multicultural y no plurinacional. ¿Por qué?, porque un Estado multicultural, no reconoce las naciones originarias preexistentes por miles de años, antes de la creación del actual Estado.
Reconocer las primeras naciones, implica un concepto jurídico y político que le otorga a los pueblos originarios un estatus horizontal, a la hora de ejercer derechos políticos asociados. Esto, obliga al Estado a un dialogo horizontal y no paternal como históricamente se ha dado.
Aquí hay un desafío importante para, nosotros: instalar este concepto en la nueva Constitución.
El cambio de Constitución, si es escrita por los mismos partidos que son parte del problema, significará que no se cambiaran los pilares que provocan la segregación del sistema de representación y decisión política. Es justamente esto lo que ha originado la pobreza y la desigualdad del Chile mestizo y de los pueblos originarios.
La Constitución debe explicitar la existencia de los pueblos indígenas, el reconocimiento de sus derechos colectivos, asegurando el ejercicio de los derechos lingüísticos, con el status de lenguas oficiales, cuestión que no ha ocurrido en los 200 años del Estado de Chile. En el mismo sentido, debe establecerse derechos y deberes de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, sin discriminación alguna.
También, se debe reconocer los derechos de las personas, de manera que puedan ser ejercidos nunca separados de los derechos de la naturaleza. ¿Qué sacamos con luchar por nuestros derechos, si no vamos a tener un mundo sano para que nuestros hijos y nietos puedan ejercerlos?
Buscamos ser una real alternativa y no meras recetas continuadoras de la crisis actual. Hablamos entonces, de derechos de la naturaleza (Ley de la Madre Tierra – ñukemapu), como una oportunidad para repensarnos como seres vivos, después de siglos de destrucción.
Buscamos también, acoger, los planteamientos de feminismos territoriales, agroecología, permacultura, software libre, biocivilización, ecoaldeas, sumud, hurai, kyisei y tantas otras expresiones de lucha y de esperanza, todas ellas sintetizadas en la propuesta del buen vivir como alternativa al desarrollo.
Podemos y debemos instaurara un contrato social, mucho más amplio, ecológico, político, económico y plurinacional para Chile, poniendo en el centro de la discusión el introfil mongen (la vida en todas su formas) a través de transformaciones tributaria solidarias, la creación de sistemas solidarios para las primeras naciones, una renta básica universal (propuesta por CEPAL), la priorización de la soberanía alimentaria, la construcción de economías y sociedades postextractivistas a escala humana, la recuperación y fortalecimiento de espacios de información y comunicación desde la sociedad, la autonomía y la sostenibilidad de las sociedades locales e impuestos a la riqueza (propuesta por el mismo FMI).
Para todo ello, se requiere un cambio en la naturaleza del Estado, la invitación es a construir un acuerdo, donde la ciudadanía mayoritaria y los pueblos indígenas podamos ejercer en plenitud nuestros derechos, para que sectores segregados como los indígenas y los mestizos chilenos, accedan al poder que les corresponde, como un modo de instalar un buen vivir.
Es necesario recomponer la confianza para mantener la gobernabilidad, pero por sobre todo, construir un nuevo Chile desde nuestras propias raíces, desde nuestra propia sangre. Allí está el secreto y la novedad del buen vivir, que trabajamos para construir.
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Diego Ancalao Gavilán es licenciado en educación de la Universidad de La Frontera de Temuco.
Diego Ancalao Gavilán
Crédito de las imágenes utilizadas: Lázaro Roilán.